El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Jaume Collboni, ha intensificado la aplicación de la normativa municipal que obliga a destinar el 30% de nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a vivienda de protección oficial (VPO). La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, desmintió rumores sobre un posible perdón de multas y afirmó que los casos pendientes, ya identificados en nueve ocasiones, seguirán siendo sancionados, con multas que podrían incluso superar el medio millón de euros.
La normativa, vigente desde 2018, sigue siendo polémica: mientras el consistorio la defiende como esencial para garantizar el acceso a la vivienda en zonas de alta demanda como el Eixample, los promotores inmobiliarios sostienen que frena la inversión y el desarrollo urbano. En diciembre de 2022, todavía con Ada Colau como alcaldesa de la ciudad condal, se iniciaron procedimientos contra tres promociones en el Eixample que no cumplían con dicha reserva obligatoria, demostrando la firme determinación del Ayuntamiento de no tolerar evasivas, como el fraccionamiento de proyectos.
Además, la Associació de Promotors de Catalunya (APCE), a través de su vicepresidenta Elena Massot, ha propuesto crear accesos diferenciados en edificios mixtos para separar viviendas de mercado libre y de protección oficial, medida que, según sus representantes, facilitaría la venta de las unidades de mercado, al mismo tiempo que podría reducir los gastos de comunidad para las familias en viviendas protegidas. Sin embargo, esta propuesta ha sido calificada de clasista por defensores de la integración social. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Catalunya, no ha dudado en advertir que la medida podría promover la segregación socioeconómica en lo que sería una especie de apartheid.
En síntesis, la administración municipal reafirma su firme compromiso de hacer cumplir la normativa de vivienda asequible, enfrentándose a las críticas del sector inmobiliario y a propuestas que podrían debilitar la cohesión social, mientras éste último alerta sobre sus dudas respecto a la viabilidad comercial de ciertas políticas y su aceptación en el mercado.
