El Govern de Salvador Illa ha adquirido, por un importe de 72 millones de euros, un total de 743 viviendas a la inmobiliaria DIVARIAN, la inmobiliaria que fue creada por el BBVA junto con Cerberus, un fondo de inversión estadounidense y uno de los mayores tenedores de viviendas de Catalunya y España.
Se trata de activos «tóxicos», es decir, procedentes de ejecuciones hipotecarias y que el BBVA (como otros grandes bancos) iba acumulando, hasta que los vendió en bloque al fondo Cerberus, con el que creó DIVARIAN. Ahora el Govern los ha comprado mediante el ejercicio del llamado «derecho de tanteo y retracto», que otorga preferencia a la Administración y, únicamente en caso de que ésta no esté interesada, pasan al mercado libre.
En dichas viviendas viven familias que, en muchos casos, han sufrido procesos de desahucio previos. Mediante el programa social ‘Reallotgem‘, la Generalitat abona directamente los alquileres al gran tenedor y se asegura así que las familias puedan continuar con el mismo alquiler asequible.
Cabe recordar que todos aquellos grandes tenedores (en Catalunya, toda persona física o jurídica poseedora de más de 5 inmuebles de uso residencial en zonas declaradas «tensionadas») que deciden vender las viviendas que compraron en procesos de ejecuciones hipotecarias, tienen la obligación por ley de ofrecer primero su compra a la Generalitat por un precio tasado en aplicación del derecho de tanteo y retracto antes de acudir al mercado libre.
La consellera titular de vivienda en Catalunya, Sílvia Paneque, ha indicado con satisfacción que el precio pagado por la Administración catalana (72 millones de euros) es claramente inferior a su valor de mercado libre.
Las viviendas recién adquiridas están distribuidas por toda Catalunya, aunque por volumen destacan las siguientes áreas:
• 187 en el Barcelonès
• 192 en el Vallès Occidental
• 60 en el Vallès Oriental
• 55 en el Camp de Tarragona
• 43 en la Catalunya Central
• 54 en Girona
• 59 en Lleida
• 22 en el Maresme
El acuerdo supone la mayor compra de vivienda por parte del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, y se enmarca en el programa del Ejecutivo catalán para alcanzar la cifra de 50.000 viviendas públicas adicionales destinadas al alquiler asequible de aquí a 2030, programa que cuenta con un presupuesto de 1.100 millones de euros anuales. En la actualidad, el parque de vivienda de alquiler social en Catalunya supone el 1,7% del total, y la Generalitat se ha marcado como objetivo alcanzar el 15%.
