El acceso a la vivienda es hoy uno de los mayores problemas con los que tiene que lidiar la sociedad. La realidad es devastadora: los precios de la vivienda en Europa han incrementado una media del 48% en la última década (casi dos veces más que los ingresos de los hogares).
El Gobierno de España ha anunciado 12 nuevas medidas específicas para proteger el derecho a la vivienda. Se trata de un programa de medidas “contundentes y, muchas de ellas, sin precedentes“, en palabras del propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se desplegará con tres objetivos claros:
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- Aumentar el parque de viviendas disponibles
- Mejorar la regulación del sector inmobiliario
- Incrementar las ayudas a los grupos sociales más necesitados
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Veamos en qué consisten estas 12 medidas en materia de vivienda:
1) Transferencia de viviendas y suelo a la recién creada Empresa Pública de Vivienda. La Administración General del Estado ha transferido más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de m2 de suelo residencial para construir viviendas sociales de alquiler asequible destinadas a personas jóvenes. También se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata, durante el primer semestre de 2025, y otras 17.000 más, de forma progresiva.
2) La nueva Empresa Pública de Vivienda tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos, con carácter supletorio respecto al derecho de las Comunidades Autónomas (es decir, en aquellos casos en que no esté regulado por la legislación de éstas).
3) Se blinda la vivienda protegida del Estado (VPO), garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.
4) Lanzamiento de un nuevo PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) con fondos europeos para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, para construir casas en menos tiempo, con menos costes y mayor sostenibilidad ambiental.
5) Creación de un sistema de garantías públicas llamadas a proteger tanto a propietarios como a inquilinos que participen en alquiler asequible para movilizar viviendas vacías. Asegurará al propietario el cobro de la renta de alquiler y al inquilino una mayor oferta a precio asequible y equidad en el acceso. Esta medida estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años.
6) Creación de un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible. Se otorgarán ayudas a aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años.
7) Proposición al Congreso de la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF a aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia publicado por el Ministerio de Vivienda (sin que éstas se encuentren necesariamente en las llamadas zonas tensionadas).
8) Asimismo, también se planteará al Congreso que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y, en correspondencia, pasen a tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística.
9) Se condicionarán las ventajas fiscales de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
10) Limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una casa en el país, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes.
11) Endurecimiento de la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y creación de un fondo para que gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda.
12) Elaboración del nuevo Plan de Estatal de Vivienda, que entrará en vigor en 2026. Aumentará los programas de ayuda hoy vigentes para el alquiler y la compra de la primera vivienda y prestará una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, a los colectivos vulnerables y a las personas con discapacidad y a aquellas que residen en zonas degradadas.
Algunas de estas medidas deberán pasar primero por el Congreso de los Diputados para salir adelante, como por ejemplo las medidas fiscales o el cambio del régimen de ventajas fiscales de las SOCIMI, para que solamente se apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
Pedro Sánchez ha subrayado que “España necesita intervención pública, colaboración público-privada y perseverancia” por lo que, paralelamente a las citadas medidas, el Estado continuará con la concesión de ayudas al alquiler, la compra y la rehabilitación por valor de 20.000 millones de euros, beneficiando a más de 1,5 millones de hogares.
