La Comisión Europea ha instado a España a resolver el grave problema de escasez de vivienda en el país, aumentando el parque de vivienda pública y asequible. Y es que el parque de vivienda social de alquiler en España representa sólo el 1,5% del total, frente al 9% de media en la UE, y casi el 40% de los inquilinos españoles destinan actualmente el 40% de sus ingresos al pago del alquiler, frente al 27% de media en la UE. La Comisión se basa en los datos del Banco de España, que apuntan a un déficit de al menos 600.000 viviendas en España. Ya no es sólo un problema social, sino que se ha convertido en una amenaza para el crecimiento económico del país.
Por otro lado, el Ejecutivo europeo remarca que sería positivo que España reformara la Ley del Suelo a fin de reducir plazos para la concesión de permisos de obra, brindar una mayor estabilidad jurídica y eliminar el pernicioso exceso de burocracia. Asimismo, desde Bruselas se apunta a la necesidad de revertir la creciente escasez de mano de obra en el sector de la construcción, dado que muchas empresas del sector tienen importantes dificultades para encontrar trabajadores.
Bruselas también subraya en su informe que el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en el mayor desafío social contemporáneo, especialmente para aquellos con menos recursos como los hogares vulnerables, los pensionistas y los jóvenes. El documento arroja un dato demoledor: el precio de la vivienda en España ha aumentado prácticamente un 50% desde 2015, sin que ese coeficiente encuentre una réplica comparable en lo que respecta al nivel de ingresos de los hogares.
Uno de los principales desencadenantes de esta coyuntura es el auge de determinadas tendencias relacionadas con el turismo, que han llevado a que cada vez más viviendas se deriven al alquiler vacacional. Este cambio ha hecho que se reduzca la oferta de alquiler convencional, particularmente en las grandes urbes. Por esa razón, Bruselas defiende que podría tener sentido dar más apoyo a la oferta de vivienda en las áreas tensionadas y para personas vulnerables, si es preciso simplificando el marco normativo.
