El pasado mes de enero de 2025 entró en vigor el Registro Único de Arrendamientos, normativa que permite la recogida e intercambio de datos relativos a los alquileres de viviendas por periodos de corta duración (alquileres turísticos y de temporada), con el objetivo de mejorar la transparencia, la sostenibilidad y el acceso a la vivienda. Esta normativa, que no será plenamente efectiva hasta el próximo 1 de julio, busca garantizar la legalidad y transparencia en el mercado de estas modalidades de alquiler en España, y se aplicará tanto a los propietarios de las viviendas como también a las grandes plataformas inmobiliarias digitales que las anuncien.
¿Cómo funciona? Muy sencillo: los propietarios deben inscribir sus inmuebles en el registro para poder ofrecerlos legalmente como alquileres turísticos, lo que contribuirá a reducir la competencia desleal y a mejorar la calidad del servicio ofrecido a los turistas. Las plataformas online (conocidas en el sector como OTAs = Online Travel Agencies) donde se anuncien este tipo de viviendas, también deberán proporcionar información veraz sobre todas los inmuebles que consten en sus bases de datos.
¿Qué se necesita? Para registrar una vivienda en el Registro Único, los propietarios deberán cumplir una serie de requisitos, con la finalidad de certificar que dicha propiedad es adecuada para su uso turístico y que efectivamente cumple con los estándares de calidad y seguridad óptimos. Para ello, deberán presentar la documentación que acredite tanto la propiedad como el cumplimiento de la normativa exigida:
• Licencia de uso turístico
• Certificado de habitabilidad (es el paso previo a la cédula, ya que es el informe que realiza el técnico)
• Referencia catastral
• Dirección del inmueble
De igual forma, también será necesario especificar si la propiedad se alquilará como una sola unidad o bien por habitaciones, el número máximo de personas que podrán convivir en ella y demostrar que se cumplen también todos los requisitos específicos de la Comunidad Autónoma en la que se halle la propiedad.
El proceso de registro es el siguiente:
1) Habrá que rellenar la hoja de solicitud para la obtención de un número de registro en el Colegio de Registradores (es preciso contar con certificado electrónico). Se comprobará que la documentación es correcta y se adjudicará un número de registro único e intransferible al inmueble. Dicho número deberá ser indicado en todas aquellas plataformas digitales de alquiler donde se anuncie la vivienda. No será necesario renovar el número ni actualizarlo año tras año.
2) Cada 12 meses será obligatorio aportar un modelo informativo de arrendamientos de corta duración para cada categoría y tipo de arrendamiento. Dicho modelo recogerá un listado de los arrendamientos constituidos hasta la fecha (en el que se omitirán datos sensibles para proteger la privacidad de los usuarios), así como de aquellos que tengan como uso principal uno distinto del de arrendamiento de vivienda regulado en el artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), derivándose de causas de carácter temporal.
3) Se procederá a la retirada del número de registro de un inmueble específico cuando haya un incumplimiento manifiesto de los criterios, por petición expresa de la persona arrendadora, o si existiesen defectos en la información aportada. Un incumplimiento irresponsable de este proceso podrá acarrear sanciones económicas y la suspensión de una propiedad como alquiler turístico.
Como ya hemos mencionado, la nueva normativa también tendrá consecuencias para las plataformas digitales en las que se anuncien este tipo de alquileres:
• Certificarán que todas las propiedades de sus bases de datos cuentan con el correspondiente número de registro oficial y verdadero
• Colaborarán con las autoridades siempre que sean requeridas, facilitando toda la documentación precisa y actualizada
• Garantizarán el cumplimiento de la nueva normativa de registro único, adecuando si es preciso sus políticas y procedimientos.
Con la implementación de la nueva normativa, se pretende proporcionar un marco jurídico más seguro para todos los agentes involucrados en el sector turístico, así como combatir la economía sumergida y proteger los derechos de los consumidores.
